El gobierno de Nicaragua informó este lunes sobre la clausura de 1,500 organizaciones no gubernamentales (ONGs), la mayoría con vínculos religiosos, en lo que críticos describieron como una nueva ofensiva contra la sociedad civil. Con esta acción, el número total de ONGs cerradas por el gobierno desde las protestas de 2018 supera las 5 mil 100, marcando un punto sin precedentes en la historia reciente del país.
Según el Ministerio del Interior, las organizaciones clausuradas no cumplieron con sus obligaciones legales, al no reportar sus estados financieros por periodos que van desde 1 hasta 35 años. La decisión fue publicada en el diario oficial La Gaceta, y afecta a una amplia variedad de grupos, incluyendo cientos de asociaciones católicas y evangélicas, fundaciones benéficas, clubes deportivos, grupos de pequeños comerciantes, organizaciones rurales, y hasta clubes rotarios y de ajedrez.
Entre las organizaciones afectadas también se encuentran grupos indígenas y asociaciones de excombatientes que lucharon en el conflicto entre el gobierno sandinista y los contras en los años 80. La medida incluye la confiscación de los bienes de estas ONGs, lo que ha generado una gran preocupación en diversos sectores, que ven en esta acción un intento del gobierno por debilitar cualquier tipo de resistencia u organización autónoma.
El cierre de estas ONGs se produce solo días después de que el gobierno anunciara nuevas normas que obligan a estas organizaciones a trabajar en alianza con el Estado. Este requerimiento ha sido interpretado como un esfuerzo por parte de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, para consolidar su control sobre la sociedad civil, limitando la independencia de las organizaciones que operan en el país.
Desde las protestas de 2018, que dejaron más de 300 muertos según la ONU, el gobierno de Nicaragua ha endurecido sus políticas hacia las ONGs, implementando leyes cada vez más restrictivas.
