La Corte Suprema de Justicia declara constitucional la amnistía política para exfuncionarios hondureños. La decisión, tomada en una reunión de más de tres horas, ha generado reacciones encontradas entre políticos y líderes de opinión.
Por un lado, varios sectores apoyan la medida. Enrique Reyna, secretario de Relaciones Públicas, expresó que la Corte determinó en su sentencia del caso López-Lone que el golpe de 2009 fue un “ilícito internacional”.
Además, Yani Rosenthal, presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), respaldó la decisión. A través de su cuenta en X, Rosenthal afirmó que la CSJ actuó de manera independiente y que los magistrados no recibieron instrucciones de él ni de otros liberales.
Sin embargo, no todos están de acuerdo con la amnistía. Jorge Calix, candidato presidencial del Partido Liberal de Honduras (PLH), criticó la medida, argumentando que no es correcto mezclar a delincuentes comunes con perseguidos políticos.
Por otro lado, la diputada Yohana Bermúdez del Partido Nacional también se manifestó en contra. Bermúdez acusó al gobierno de Xiomara Castro y a la Corte de servir a los intereses de narcotraficantes y corruptos.
Finalmente, Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción, también criticó la amnistía. Castellanos afirmó que esta "amnistía política" perpetúa el poder de los corruptos en Honduras, señalando que tiene sus propios jueces y leyes
