La compra de siete hospitales móviles durante la pandemia de covid-19 se convirtió en uno de los principales casos de corrupción investigados en Honduras. El Estado pagó 47.5 millones de dólares, unos L1,174 millones al momento de la adquisición, por las unidades que fueron compradas entre marzo y abril de 2020 a través de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H).
Compra de hospitales móviles bajo investigación
La investigación del Ministerio Público señaló que la compra se realizó de forma directa, con el pago anticipado del 100 % del valor, sin las garantías correspondientes y sin autorización previa del Consejo Directivo de Invest-H. Además, peritajes e inspecciones citados por la Fiscalía concluyeron que las unidades presentaban problemas de diseño y equipamiento, incluyendo equipos usados, vencidos o disfuncionales, y que no reunían las condiciones requeridas para el aislamiento y tratamiento de pacientes con covid-19.
De los siete hospitales, dos fueron destinados a Tegucigalpa y San Pedro Sula, mientras los otros cinco fueron proyectados para Choluteca, Copán, El Paraíso, Olancho y Atlántida. Sin embargo, desde su llegada al país enfrentaron retrasos en instalación y cuestionamientos sobre su funcionamiento. Incluso, durante 2020 solo el hospital móvil de San Pedro Sula había comenzado a operar parcialmente, mientras el de Tegucigalpa continuaba en proceso de instalación.
Marco Bográn y la condena por los hospitales móviles
El caso terminó con una condena contra Marco Bográn, entonces director de Invest-H, quien en mayo de 2022 recibió 10 años y 11 meses de prisión por fraude agravado en la compra de los siete hospitales, además de una sanción económica de aproximadamente L1,475 millones e inhabilitación para ejercer cargos públicos. El Ministerio Público también obtuvo una sentencia contra Alex Moraes, mientras las investigaciones alcanzaron al empresario Axel López, señalado como intermediario en la operación.
Ahora, con la decisión de la Corte Suprema de Justicia que modifica las medidas de Bográn en el caso de las mascarillas, el expediente de los hospitales móviles mantiene relevancia porque corresponde a otro proceso por el que existe una condena, por lo que la resolución sobre las mascarillas no significa que quede en libertad.
