Según Rodríguez, esta legislación podría resultar en un aumento significativo en los costos de la energía y de la canasta básica, lo que afectaría gravemente a las familias hondureñas.
Además, Rodríguez señala que, si se implementan estos cambios fiscales, muchas industrias podrían optar por trasladarse a países vecinos como El Salvador o Guatemala en busca de condiciones más favorables.
"La situación podría desincentivar la inversión en Honduras y provocar una fuga de empresas hacia mercados donde los costos operativos sean menores", advirtió.
Esta declaración se suma al debate en torno a la Ley de Justicia Tributaria, que ha generado divisiones entre diversos sectores de la sociedad.
La preocupación por el impacto económico de esta normativa resuena entre empresarios y consumidores, quienes temen que se agrave la ya complicada situación económica del país.
