El informe de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) revela que, a pesar del incremento en el presupuesto para las secretarías de Seguridad y Defensa, las principales promesas del gobierno de Xiomara Castro en materia de seguridad y justicia siguen sin cumplirse.
De las ocho promesas clave del Plan de gobierno, solo una se ha cumplido, mientras que cinco permanecen sin ejecutar.
La desmilitarización de la seguridad y la derogación de leyes que favorecen la impunidad siguen siendo desafíos sin resolver, según la ASJ.
A pesar de un aumento en el presupuesto, la criminalidad, como la extorsión, sigue afectando a la población.
De acuerdo con un estudio de ASJ, en 2024, el 11.6% de la población reportó haber sido víctima de este delito, con mayor afectación en los departamentos de Intibucá (18.2%), Atlántida (15.8%), Colón (15.2%), Choluteca (14.8%), Francisco Morazán (14.5%) y Cortés (12.4%).
La impunidad en delitos como homicidios y violencia contra la niñez y las mujeres sigue siendo alarmante, y la prolongación del estado de excepción ha generado más denuncias contra agentes del orden.
Entre 2022 y 2024 se reportó una mujer asesinada cada 29 horas en el país, registrando una impunidad de 86% en 2024, según los datos proporcionados por la ASJ.
