Una investigación exclusiva de El Espectador HN revela irregularidades en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), señalando exceso en gastos de viáticos y nepotismo dentro de la institución.Según el información, Samuel Zelaya, comisionado del IHSS, y otros miembros de la Comisión Interventora no presentan informes de actividades cuando salen de viajes oficiales, mientras que los interventores habrían creado resoluciones para no liquidar viáticos, contraviniendo lo que establece la ley.
La denuncia también menciona que la subgerente administrativa y financiera, Ingrid Juárez Alcerro, no cumpliría con los requisitos del cargo y habría colocado a su primo, Joseph Alcerro, como supervisor en la misma área, algo prohibido por normas internas que buscan evitar conflictos de interés y nepotismo.
El documento aclara que estas irregularidades se vinculan principalmente a giras y misiones de trabajo internacionales, donde ciertos temas deben mantenerse reservados. Esto aplica a asesores y asistentes administrativos de la Comisión Interventora, mientras que para el resto del personal del IHSS se deben seguir los lineamientos establecidos en reglamentos y procedimientos internos.
Además, se instruye a la Gerencia Administrativa y Financiera que las solicitudes de autorización de viáticos y otros gastos de viaje oficial sean autorizadas únicamente por la titularidad de la presidencia de la Comisión Interventora, conforme a la resolución PCM 33-2024.Es posible que la Comisión Interventora del IHSS realice estas acciones debido al poder concentrado que se le ha otorgado a través de resoluciones y normativas internas que, en lugar de reforzar la transparencia, han permitido interpretaciones discrecionales en la asignación y liquidación de viáticos, así como en los nombramientos de personal.
Esta falta de contrapesos fomenta espacios donde se pueden encubrir prácticas cuestionables y debilitando los principios de legalidad y ética administrativa.Asimismo, la rendición de cuentas se vuelve indispensable en toda administración pública, ya que garantiza transparencia, fortalece la confianza ciudadana y previene el abuso de poder.
Sin mecanismos de control efectivos y de acceso público, cualquier institución corre el riesgo de repetir irregularidades que afectan tanto la credibilidad como la sostenibilidad de los recursos destinados al bienestar social.
