La noticia del día la protagonizaron ayer el alcalde de Talanga Roosevelt Aviléz y su esposa Nancy Santos quienes juntos, habrían lavado 321 millones de Lempiras según el Ministerio Público, pero muchos, ya han especulado con que todo esto se trata de una forma de proteger a estos funcionarios de una posible extradición en Estados Unidos.
Sin embargo, de acuerdo al abogado José Antonio Chavarría, no es delito que un ciudadano busque que se le abra un proceso judicial en los tribunales del país para evitar una extradición hacia los Estados Unidos, ya que según él, todo ciudadano hondureño tiene derechos, y mientras no sea vencido en juicio es inocente ya que esta es una garantía constitucional como el derecho al debido proceso.
El profesional del derecho comentó que un ciudadano que es sometido a la justicia hondureña puede ser juzgado en el país y cumplir su condena porque la solicitud de extradición es una relación bilateral en donde también el Estado hondureño está en la libertad de aprobarla o denegarla.“Claro que es evidente que hay casos donde existe una preferencia o acomodo de la justicia para que cumpla una condena aquí -Honduras- y no ser extraditado”, puntualizó.
En los próximos días, semanas y meses, podríamos ver más funcionarios que estén siendo requeridos por la justicia de Honduras para no ser llevados hacia Estados Unidos, ya que de llegar al país norteamericano, no tendrían escapatoria, mientras que en muchas ocasiones, las leyes de Honduras son ciegas y aunque las personas laven activos, siempre encuentran una salida para quedar libres y quedar como que “nada ha pasado”.
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