
Apenas el 4 % de los recursos recaudados mediante la Tasa de Seguridad Poblacional se destina a investigación criminal, mientras que miles de millones de lempiras son utilizados para cubrir gastos de alimentación y alquiler de vehículos, según un análisis presentado por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
De acuerdo con el informe, basado en los reportes de ejecución presupuestaria de la Secretaría de Finanzas (Sefin), Honduras recaudó 5,882 millones de lempiras mediante esta contribución durante 2026. Sin embargo, la distribución de los fondos refleja que 2,271 millones fueron destinados a alimentación y otros 722 millones al alquiler de vehículos, dos rubros que concentran una parte considerable de los recursos.
En contraste, la Dirección de Investigación e Inteligencia recibió una asignación de apenas 215 millones de lempiras, la misma cantidad que en 2025, pese al volumen de ingresos generado por la tasa. El análisis también señala que la Secretaría de Defensa Nacional aumentó su presupuesto en un 81 %, al pasar de 742 millones de lempiras en 2025 a 1,344 millones en 2026.
Otro de los hallazgos que cuestiona la organización es que el Ministerio Público no aparece con una asignación de fondos para 2026, pese a estar contemplado entre las instituciones beneficiarias del fideicomiso en el artículo 32 de la Ley de Seguridad Poblacional. Por su parte, el Instituto Nacional Penitenciario figura con 698 millones de lempiras y el pago de deuda pública con 612 millones.
Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de ASJ, cuestionó que, 15 años después de la creación de este mecanismo, los recursos continúen destinándose a gastos operativos, sin que se refleje un fortalecimiento proporcional de las capacidades de investigación y persecución del delito.
La organización también alertó sobre la falta de actualización de la información pública relacionada con las compras del fideicomiso, cuya última actualización disponible corresponde al 8 de abril de 2022, con registros únicamente hasta diciembre de 2021.
Ante este panorama, ASJ pidió mayor transparencia y rendición de cuentas sobre el manejo de los fondos, y señaló que la recaudación debe traducirse en resultados verificables en materia de prevención del delito, investigación criminal y reducción de la impunidad.

