Pisos de cemento, techos, letrinas, pilas y filtros de agua formaron parte de las ayudas promovidas mediante el programa Vida Mejor, una de las principales iniciativas sociales del gobierno de Juan Orlando Hernández (2014-2022), que buscaba mejorar las condiciones de vida de familias hondureñas en situación de pobreza.
El programa se convirtió en uno de los sellos sociales de esa administración, con intervenciones en viviendas y comunidades vulnerables. Sin embargo, la nueva publicación en el diario oficial La Gaceta no está dirigida a las familias que recibieron esas ayudas, sino a las personas que trabajaron en Vida Mejor y en otros programas sociales incluidos en la normativa.
El Decreto Legislativo 176-2026 establece un mecanismo para atender obligaciones económicas pendientes con exempleados de Vida Mejor, Mejores Familias, gestores del Bono Diez Mil, Guías de Familia y Protección Civil. La disposición contempla procesos de conciliación para determinados casos judiciales y una bonificación única para quienes cumplan las condiciones establecidas.
La bonificación podrá ser solicitada por quienes no presentaron demandas o cuyos procesos concluyeron con una sentencia firme favorable al Estado, siempre que acrediten documentalmente su vinculación con los programas.
El monto será determinado por las instituciones correspondientes según la disponibilidad presupuestaria, por lo que la publicación de la ley no significa que todos los antiguos trabajadores recibirán automáticamente una cantidad fija.
