Documentos fechados en julio y agosto de 2023 revelan que el entonces diputado Edgardo Antonio Casaña Mejía gestionó ante el Congreso Nacional una asignación de L6.5 millones para proyectos en el departamento de Santa Bárbara: L3 millones destinados a ejecutarse mediante la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y L3.5 millones a través de Gobernación.
El primer documento, fechado el 25 de julio de 2023, registra la solicitud de Casaña dirigida a Carlos Armando Zelaya Rosales, quien entonces se desempeñaba como primer secretario del Congreso Nacional. En el escrito, el congresista pidió realizar las diligencias necesarias para la asignación de los recursos contemplados en el artículo 292 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de 2023.
Casaña solicitó fondos y Sedesol quedó como institución ejecutora
Pero el trámite no quedó únicamente en la solicitud del diputado. El 10 de agosto de 2023, el entonces presidente del Congreso Nacional, Luis Rolando Redondo, envió un oficio a José Carlos Cardona Erazo, secretario de Estado en Sedesol, para comunicarle que el Poder Legislativo autorizaba la ejecución de la asignación presupuestaria y proponía a esa Secretaría como institución ejecutora. En ese período, Cardona encabezaba Sedesol.
La documentación establece una ruta administrativa: Casaña solicitó los fondos, el Congreso comunicó la autorización y Sedesol quedó señalada como institución ejecutora de los L3 millones correspondientes a esa Secretaría. Sin embargo, los documentos por sí solos no establecen que Casaña haya recibido o manejado directamente esos recursos.
Finalmente, el punto que queda sobre la mesa es qué ocurrió después de la autorización: cuáles proyectos se ejecutaron en Santa Bárbara, quiénes fueron los beneficiarios, cuánto dinero fue desembolsado y cómo se documentó la ejecución y liquidación de los recursos. Esos registros permitirían determinar qué ocurrió con los L6.5 millones solicitados por Casaña.
Los documentos plantean interrogantes sobre el destino de los fondos solicitados.
