La falta de investigación y judicialización de las muertes violentas de mujeres continúa siendo uno de los principales problemas señalados por el Observatorio Nacional de la Violencia de la UNAH. Durante un diálogo sobre transparencia e integridad para prevenir la violencia contra las mujeres, Migdonia Ayestas advirtió que entre el 95 % y el 97 % de estos casos quedarían en la impunidad.
Impunidad en los casos de femicidios
Ayestas explicó que el Observatorio utiliza una categorización social del femicidio, que no necesariamente coincide con la clasificación jurídica que corresponde establecer mediante una investigación y un proceso judicial. En su exposición mencionó 2,396 casos categorizados como femicidios íntimos y 450 casos sin determinar, dentro de los registros analizados por el Observatorio.
El problema, según la directora del Observatorio, no se limita a la existencia de una ley, sino a la capacidad del Estado para investigar los crímenes, identificar a los responsables y llevar los casos ante los tribunales. “Ahí es donde tenemos el principal problema del país”, señaló Ayestas al referirse al elevado nivel de impunidad.
Reformas legales y cifras históricas
Honduras reformó en junio de 2026 el artículo 208 del Código Penal. Actualmente, el femicidio contempla penas de 25 a 30 años de prisión, mientras que el femicidio agravado establece penas de 30 a 40 años, dependiendo de las circunstancias del crimen. La reforma también modificó el artículo 210 para precisar elementos relacionados con las relaciones desiguales de poder y la violencia de género.
Los registros del ONV-UNAH muestran además la dimensión histórica del fenómeno: entre 2005 y 2025 fueron contabilizadas 8,008 muertes violentas de mujeres y femicidios. Para Ayestas, el desafío sigue siendo que cada muerte sea investigada y que los responsables sean identificados y llevados ante la justicia.
