El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Mario Díaz, salió al paso de las denuncias que lo señalan como uno de los presuntos responsables de haber intervenido para reprogramar la audiencia del proceso judicial contra el exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, negando categóricamente cualquier tipo de presión y calificándose a sí mismo como un defensor de la independencia judicial.
Las denuncias fueron presentadas por las organizaciones ASOPODEHU y JOPRODEH, quienes señalaron al magistrado Díaz y a la magistrada Sonia Marlina Dubón de haber ejercido presiones para que la audiencia fuera reprogramada sin nueva fecha, en lo que consideran una maniobra orientada a obstaculizar el avance del proceso.
De acuerdo con los testimonios recabados, también se habría ejercido presión para convocar de manera urgente otra audiencia en un proceso distinto, relacionado con la Comisión Permanente del Congreso Nacional, en el que participa un abogado vinculado al expediente contra el exjefe militar.
Ante los señalamientos, Díaz defendió su postura señalando que la independencia judicial está establecida tanto en la Constitución como en los tratados internacionales suscritos por Honduras, y que ese principio no está diseñado para favorecer a quienes administran justicia, sino para garantizar que cada persona sea juzgada sin presiones políticas, económicas o de cualquier otra naturaleza.
El magistrado fue enfático al señalar que las resoluciones judiciales deben fundamentarse exclusivamente en la Constitución y las leyes, dejando de lado intereses particulares o de grupos de poder, y que un juez debe asumir la responsabilidad de actuar con autonomía, aun cuando ello implique enfrentar presiones o riesgos derivados de sus decisiones.
