En una corta reunión virtual, el Congreso Nacional aprobó la Ley de Protección Especial de Funcionarios y Exfuncionarios en Situación de Peligro o Riesgo Eminente, con un presupuesto de 250 millones de lempiras al año.
Gasto saliente entre la tasa de seguridad, con 125 millones de lempiras, y el 50 por ciento restante, del presupuesto general de la Republica.
Con dicha ley se pretende crear una institución especial destinada únicamente a proteger a los burócratas, que por sus funciones estén expuestos a riesgos contra su integridad o la de su núcleo familiar.
A su vez, la normativa estipula incisos para otorgar el amparo, clasificadas desde la categoría uno a la cuatro, en donde los servidores públicos están ordenados de acuerdo con a sus cargos.
