El profesional del derecho y exfiscal adjunto del Ministerio Público, Rigoberto Cuéllar, expresó sus reservas sobre las propuestas de endurecimiento de penas para combatir la extorsión y la violencia en Honduras, al considerar que estas medidas deben equilibrarse con el respeto a los derechos y garantías fundamentales.
Durante una entrevista, Cuéllar recordó que inicialmente vio con optimismo las declaraciones del ministro de Seguridad, quien aseguró que Honduras debía construir un modelo propio en materia de seguridad y no copiar el esquema implementado en El Salvador. Según explicó, esa postura le generó esperanza al considerar importante mantener un enfoque respetuoso de los derechos humanos.
Debate sobre reformas de seguridad y el impacto en los derechos ciudadanos
Sin embargo, señaló que posteriormente cambió de opinión tras conocer el anteproyecto impulsado desde la Secretaría de Seguridad, al considerar que algunas disposiciones afectaban garantías fundamentales. En ese sentido, destacó la actuación de la Corte Suprema de Justicia y de la comisión encargada de revisar la propuesta, asegurando que el dictamen final presenta diferencias importantes en comparación con el documento original.
Cuéllar también se refirió al llamado “modelo Bukele”, el cual, afirmó, es admirado por parte de la población hondureña. No obstante, sostuvo que este tipo de políticas de mano dura no son nuevas en América Latina y que han sido aplicadas desde la década de 1980 bajo esquemas centrados en altas penas y encarcelamiento.
