Mediante un pronunciamiento público, la directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, afirmó que Honduras no solo enfrenta una crisis financiera, sino también las consecuencias acumuladas del clientelismo político que ha marcado la administración pública durante décadas.
Gabriela Castellanos señala impacto de demandas y embargos
En ese sentido, Castellanos explicó que el aumento de demandas laborales y embargos judiciales contra el Estado responde a una práctica recurrente en cada transición gubernamental: despidos masivos que posteriormente son judicializados. Según indicó, este patrón termina convirtiéndose en una carga económica que impacta directamente las finanzas públicas.
Asimismo, señaló que el empleo público ha sido utilizado históricamente como mecanismo de recompensa partidaria, lo que ha debilitado la profesionalización del servicio civil y ha priorizado cuotas políticas sobre el mérito y la eficiencia. A su criterio, esta distorsión es la raíz de muchos de los problemas actuales.
Llamado a reformas estructurales en el Congreso
Además, advirtió que los embargos a la Caja Única del Tesoro afectan sectores sensibles como salud, educación y seguridad, trasladando el costo de malas decisiones administrativas a la ciudadanía. Subrayó que los trabajadores que demandan al Estado ejercen derechos legales, por lo que la responsabilidad recae en quienes manejan la nómina con criterios políticos.
Finalmente, la titular del CNA enfatizó que el debate en el Congreso Nacional de Honduras debe enfocarse en reformas estructurales, como el fortalecimiento del servicio civil, la implementación de concursos públicos transparentes y la modernización de la justicia laboral, para evitar que el Estado continúe funcionando bajo prácticas que debilitan la institucionalidad.
