Durante décadas, la comunidad LGBTIQ+ existió en Honduras sin ser nombrada por el Estado. Mientras, esa ausencia comienza a quedar registrada.
La Política Integral para un Estado Inclusivo y Diverso (PNEID) 2026-2031 se presenta como la primera propuesta pública que busca reconocer, de manera que, los derechos de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.
Derechos que exige LGBTIQ+
Además, la iniciativa fue construida de forma articulada entre liderazgos como Javier Carrington y Mirtha Gutiérrez, junto a organizaciones LGBTIQ+ a nivel nacional, en un proceso que combinó diálogo político y trabajo técnico.
Declaraciones de Javier
Sin embargó, Coordinador de Diversidad y Participación Social en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Javier Carrington expresó en su cuenta de Instagram que «Este proceso significa reconocer algo que siempre estuvo ahí, pero que el Estado ignoró durante décadas. Nombrarnos como parte de Honduras, escucharnos y crear un instrumento concreto es asumir una deuda histórica», agregó Carrington.
No obstante, la propuesta expone una exclusión estructural persistente. Entre las principales brechas identificadas figuran la falta de reconocimiento legal de identidades de género diversas, prácticas discriminatorias en salud y educación, rutas de denuncia fragmentadas y un subregistro de la violencia contra personas LGBTIQ+.
