El gobierno de Xiomara Castro, del Partido Libre, volvió a extender por 45 días más el estado de excepción en Honduras, desatando preocupación entre organismos nacionales e internacionales.
Restricciones activas en pleno periodo electoral
La medida, publicada en el diario oficial La Gaceta, estará vigente hasta el 26 de diciembre, abarcando el periodo previo a las elecciones generales. Por primera vez, el país vivirá un proceso electoral bajo una restricción que limita derechos constitucionales como la libertad de expresión, asociación y protesta.
Además, la decisión fue tomada sin la ratificación del Congreso Nacional, lo que ha generado dudas sobre su legalidad y transparencia. Aun así, el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, defendió la decisión asegurando que “es la única herramienta jurídica que el Estado hondureño le ha brindado a la Policía Nacional y al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, Roosevelt Hernández, para brindar seguridad y paz a la población”.Sánchez añadió que desde su implementación en 2022, se han ejecutado más de 1.7 millones de operaciones a nivel nacional.
Señalamientos de abogados y organismos anticorrupción
El presidente del Colegio de Abogados de Honduras, Gustavo Solórzano, recordó que “setenta y dos Estados hicieron recomendaciones a Honduras y la mayoría se pronunció en contra del estado de excepción, señalando que no debería continuar”.Solórzano advirtió que gobernar por decreto “erosiona la institucionalidad” y abre la puerta a abusos de poder.
Preocupación por el impacto electoral
La presidenta del Consejo Nacional Anticorrupción, Gabriela Castellanos, cuestionó la medida, al considerar que pone en riesgo la libertad ciudadana durante el proceso electoral.“Con estado de excepción, las Fuerzas Armadas y la Policía tienen un espacio amplio donde se reducen los derechos de los ciudadanos a protestar de manera pacífica ese día”, afirmó Castellanos.Mientras tanto, distintos sectores señalan que el Partido Libre ha convertido la medida en un instrumento político para mantener el control del país, lo que ha incrementado la desconfianza de los hondureños en el gobierno.
