En respuesta a las crecientes denuncias públicas y la reciente filtración de un video entre la diputada Isis Cuéllar y el ministro José Carlos Cardona, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) emitió un comunicado oficial en el que admite la participación de diputados del Congreso Nacional en la gestión y veeduría de fondos sociales, y reconoce que algunos beneficiarios utilizaron esos recursos para la producción de artículos con motivos culturales o simbólicos, como parte de actividades comunitarias y ferias barriales.
La institución señala que estos apoyos se enmarcan en el Fondo de Administración Solidaria, vigente desde 2023 y autorizado por los Presupuestos Generales del Estado. Según SEDESOL, las solicitudes provienen de organizaciones comunitarias, patronatos, juntas de agua, iglesias y emprendedores, y son canalizadas con el acompañamiento de diputados de distintas bancadas, incluyendo el Partido Libre, Partido Liberal, Democracia Cristiana y el Partido Salvador de Honduras.
Uno de los puntos más polémicos del comunicado es el siguiente:
“Algunos emprendedores utilizaron los recursos asignados para fortalecer sus negocios locales, incluyendo la producción de artículos con motivos culturales o simbólicos, como es común en actividades barriales o ferias comunitarias.”
Esta declaración surge después de que un listado de 65 personas fuera revelado públicamente, señalando que muchos recibieron 100 mil lempiras o más, en teoría para emprendimientos o reparación de vivienda, pero que según investigaciones y filtraciones, los fondos fueron utilizados en elaboración de camisetas, banderas y gorras con fines políticos para las elecciones generales de noviembre.
El comunicado también se refiere al controvertido video filtrado, calificándolo como una grabación realizada en un “contexto privado”, cuyo objetivo era “aclarar un malentendido político interno entre liderazgos locales”.
SEDESOL lamenta la difusión del material y acusa a terceros de haber generado “especulaciones infundadas” al sacar de contexto la conversación, al tiempo que rechaza que los programas sociales sean utilizados con fines políticos, insistiendo en que todos los beneficiarios firmaron de forma voluntaria y que existe respaldo documental para cada entrega.
Sin embargo, el documento oficial no niega el uso de fondos sociales en actividades que hoy son señaladas como parte de una estructura electoral del partido oficialista, lo que ha generado fuertes críticas y solicitudes de investigación por parte de diversos sectores de la sociedad civil.
