Un requerimiento fiscal contra exfuncionarios de la Secretaría de Salud y representantes de empresas mercantiles, ha presentado el Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP). La acusación se basa en la compra fraudulenta de medicamentos y suministros médicos, lo que causó un perjuicio económico de más de 224 millones de lempiras al Estado hondureño.
Los acusados en el caso incluyen al exministro de Salud, Arturo “Tucky” Bendaña Pinel, y a otros nueve exfuncionarios y empresarios, entre ellos Miguel Ernesto Flores Cisneros, Moisés Torres López, y Carlos Octavio Rivas Sánchez. Se les imputan delitos graves como fraude, prevaricato administrativo, y falsificación de documentos. Las investigaciones revelan que entre 2010 y 2012, esta red corrupta utilizó contratos falsos y licitaciones amañadas para desviar fondos destinados a la salud, afectando seriamente el abastecimiento de medicamentos y equipos en los hospitales.
El esquema de fraude, que también involucró a un exjuez que facilitó resoluciones favorables a las empresas involucradas, resultó en una dramática escasez de insumos médicos. Esta situación dejó a miles de hondureños sin el tratamiento necesario, obligándolos a recorrer largas distancias y enfrentando una crisis sanitaria provocada por la corrupción en el sistema de salud.
