El Ministerio Público, a través de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF), ha presentado un requerimiento fiscal contra Ebal Díaz Lupian, exsecretario de Estado en el despacho de la presidencia y expresidente del Consejo de Administración del Instituto de la Propiedad (IP).
Díaz es acusado de liderar una estructura criminal implicada en un megafraude relacionado con un proyecto habitacional destinado a beneficiar a más de 10 mil familias hondureñas.
En la misma causa están involucrados Zonia Margarita Morales, excomisionada presidenta de Coalianza; Lizeth Guadalupe Villatoro, delegada de Banco Lafise; y los funcionarios Mario León Gómez, Rolando Federico Poujol, de la Secretaría de la Presidencia; así como Juan Ramón Cruz Carbajal.
Además, Edmundo del Carmen Cuadra, José Fernando Cálix Bonilla, Myrna Isabel Mejía Flores, Dino Francisco Rieti, Francis Yamileth Rodríguez, Lis María Moncada Pineda, Luis Roberto Aparicio Godoy, Oscar Rolando Mendoza Cáceres y Tania Michele Montoya Zepeda, quienes están vinculados con la Unidad Ejecutora y Coordinadora de Proyectos (UCP).
Los cargos presentados incluyen asociación para delinquir, fraude, violación de los deberes de los funcionarios y administración fraudulenta, entre otros. El Ministerio Público solicita que se emitan órdenes de captura a nivel nacional e internacional, además de la inmediata alerta migratoria para los acusados.
Este caso representa uno de los más grandes fraudes en la historia reciente del país, destacando la importancia de las medidas legales para garantizar la justicia y la transparencia en el manejo de fondos públicos destinados a la vivienda y el bienestar social.
