El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha anunciado la posibilidad de tomar medidas legales en respuesta a presuntas irregularidades en la contratación de Daniel Brizuela, cuñado de la ministra Carla Paredes, para un cargo clave en la Secretaría de Salud.
Bajo el fulminante escrutinio del BID, se reveló que el proceso de contratación de Brizuela, quien actualmente se desempeña como jefe de la Unidad Técnica de Gestión de Proyectos de la Salud, pudo haber violado las estrictas políticas del Banco destinadas a garantizar la transparencia y la equidad en la asignación de fondos para proyectos.
Según el estamento de políticas del BID, cualquier contrato de servicios consultivos debe cumplir con procedimientos rigurosos y transparentes, establecidos en el Contrato de Préstamo y el Plan de Adquisiciones.
De lo contrario, el Banco se reserva el derecho de declarar la contratación no elegible para su financiamiento y tomar medidas legales apropiadas.
María José Jarquín, representante del BID en Honduras, confirmó que la Secretaría de Salud solicitó la aprobación del Banco para financiar la contratación de Brizuela, pero no reveló el vínculo familiar entre él y la ministra Paredes.
Este hecho, en sí mismo, plantea serias dudas sobre la integridad del proceso de contratación y la gestión de fondos del Banco.
Además, el salario de Brizuela, pagado con los fondos del BID, oscila entre $4,000 y $8,000 al mes, lo que aumenta aún más la gravedad de la situación y la urgencia de una investigación exhaustiva.
El BID ha enviado una clara advertencia: no tolerará ningún tipo de irregularidad en la asignación de fondos para proyectos de desarrollo.
La integridad y la transparencia son imperativos inquebrantables, y aquellos que busquen socavarlos enfrentarán las consecuencias legales.
