En una decisión trascendental, el juez natural ha emitido una orden de captura contra el expresidente Juan Orlando Hernández en relación con el caso "Pandora II".
El Ministerio Público ha alegado que Hernández Alvarado está implicado en el beneficio ilícito derivado de los desembolsos realizados desde instituciones públicas hacia fundaciones, sumando un total de al menos 62 millones de lempiras.
Estos fondos se presumen se destinaron al financiamiento de la campaña política del exmandatario mediante el empleo de diversos artificios, incluyendo la creación de empresas fantasmas, el uso de prestanombres y la formalización de contratos ficticios.
Los fondos públicos fluían hacia los movimientos "Azules Unidos" y "Amigos de JOH", así como a la sociedad mercantil denominada "La Cachureca" y a sus gerentes de campaña departamentales.
La decisión judicial también incluye una citación para que los demás acusados se presenten voluntariamente ante las autoridades. Este nuevo desarrollo marca un hito en el proceso legal en curso, arrojando luz sobre presuntas prácticas corruptas que involucran a figuras clave del gobierno anterior.
