La familia Gómez ha pedido públicamente al Ministerio Público, que se haga justicia señalando que dos expedientes cruciales en su caso de desalojo han sido engavetados por órdenes superiores desde 2016. Según los Gómez, estos expedientes implican a altos funcionarios judiciales.
El primero de los expedientes, registrado bajo el número 1472747177-2016, involucra a un juez de letras civil y su secretario de actuaciones. El segundo, registrado bajo el número 1477596975-2016, incluye a la juez Telma Araceli Cantarero de la sala tercera del tribunal de sentencias de Tegucigalpa, quien ordenó un desalojo el 3 de julio de 2010, resultando en la destrucción de viviendas.
La familia Gómez solo esperan la autorización para proceder con las acciones penales. Los Gómez exigen justicia, enfatizando que no buscan favores ilegales sino la correcta aplicación de la ley. "La justicia emana de DIOS y así como se sube también un día se baja", manifestaron.
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