Gabriela Castellanos: En cita l lista Engel marca un año sumergido en la impunidad dictada desde la CSJ
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) reaccionó ante la inclusión de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Sonia Marlina Dubón, y el exministro de la Presidencia, Ebal Díaz, en la Lista Engel publicada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
La lista señala a ambos funcionarios por su vinculación con actos de corrupción.
La directora del CNA, en su cuenta de X, expresó la preocupación de la entidad sobre la transparencia y la justicia en el país, y pidió una investigación exhaustiva de los señalamientos.
La lista, que tiene como objetivo sancionar a individuos involucrados en corrupción, resalta la gravedad de estos cargos a nivel internacional.
La directora del CNA subrayó que la inclusión de Dubón y Díaz en la Lista Engel refuerza la necesidad de que las instituciones hondureñas, como el Ministerio Público, asuman un rol más activo en la lucha contra la corrupción.
En su declaración, hizo un llamado al gobierno para que no permita la impunidad y se comprometa a fortalecer las investigaciones sobre los casos señalados por el Departamento de Estado.
Por otro lado, el CNA pidió a la sociedad hondureña mantenerse vigilante y exigir transparencia en el manejo de los recursos públicos.
Además, recalcó que las acciones de corrupción no solo afectan a las instituciones estatales, sino que también deterioran la confianza de la ciudadanía en sus autoridades.
El organismo destacó que la corrupción es un obstáculo para el desarrollo del país y para mejorar las condiciones de vida de los hondureños.
En respuesta a los señalamientos, tanto Dubón como Díaz han rechazado las acusaciones.
La magistrada y el exministro han mantenido su postura de que las imputaciones carecen de fundamento y que no se les ha presentado ninguna prueba concreta que los vincule con actos corruptos.
Sin embargo, la inclusión en la lista sigue generando debate dentro del ámbito político y judicial del país, donde algunos sectores piden que se lleve a cabo una investigación imparcial.
El caso ha provocado una serie de reacciones entre diferentes figuras políticas y sociales. Mientras algunos defienden la inocencia de los mencionados, otros han apoyado la medida tomada por el Departamento de Estado de los EE.UU., considerándola como un paso positivo hacia la erradicación de la corrupción en Honduras.
La situación ha puesto nuevamente sobre la mesa el debate sobre la transparencia gubernamental y el fortalecimiento de las instituciones encargadas de velar por la legalidad en el país.
