Abogado Arévalo pide una investigación a fondo sobre el sobreseimiento de las exjuezas en el Caso Cerro Grande

La reciente decisión del juez Francisco Josué Álvarez de otorgar sobreseimiento definitivo a las exjuezas Zoila Rosa Hernández Velásquez, Ruth Anabella Cruz Zamora y Telma Aracely Cantarero Benítez, acusadas de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios, ha generado reacciones encontradas en el ámbito jurídico y social.

El abogado Marlon Arévalo, experto en Derecho, expresó su preocupación por la resolución emitida en el caso relacionado con el desalojo de las colonias Cerro Grande, argumentando que este tipo de decisiones evidencian posibles errores materiales y una falta de especialización en los tribunales competentes.

Las exjuezas, quienes formaban parte del Tribunal de Sentencias, enfrentaban acusaciones derivadas de un conflicto prolongado por una propiedad en la colonia Cerro Grande de la capital. Según las denuncias, las exfuncionarias habrían ordenado un desalojo ejecutado de manera irregular, afectando los derechos de varias familias y una empresa urbanizadora.

Entre las irregularidades señaladas, se mencionó la omisión de las exjuezas al no resolver excepciones clave en el proceso judicial, lo que presuntamente agravó el conflicto de propiedad. Sin embargo, el fallo del juez Álvarez absolvió a las exjuezas, decisión que ha sido cuestionada por algunos sectores.

El abogado Marlon Arévalo considera que esta resolución refleja problemas estructurales en el sistema judicial. "Es un error material, y estos casos de corrupción deben ser plenamente identificados para determinar el origen del error. Al unificar el Juzgado de Corrupción con el de Ambiente y el de Criminalidad Organizada, se envía un mensaje equivocado, ya que se pierde la especialización necesaria para abordar cada materia", señaló Arévalo.

Arévalo destacó que los delitos de corrupción son complejos, requieren investigación patrimonial y pericial, y no deben ser tratados bajo el mismo enfoque que los casos de ambiente o criminalidad organizada. Además, recordó que de las tres exjuezas involucradas, una de ellas aún forma parte del Poder Judicial como asistente en la Corte Suprema de Justicia, lo que genera dudas sobre posibles influencias en la emisión de la resolución.

El abogado también subrayó la necesidad de una investigación profunda para determinar si la resolución se apega al derecho o si existieron influencias externas. "Cuando se habla de recompensa, en este caso podría tratarse de la influencia de una persona que aún ocupa un puesto en la Corte Suprema. Es fundamental garantizar la imparcialidad y la transparencia en casos tan delicados como este", añadió.

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