Honduras en alerta por las decisiones de Trump que amenazan con desbordar la crisis social y económica

A solo pocos días de la toma de posesión de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, el panorama para Honduras y otros países de la región se vuelve cada vez más incierto.

 Desde hace dos meses, Trump ha anunciado diversas medidas que podrían tener un profundo impacto en la sociedad, la economía y la psicología de los hondureños. 

Aunque no es probable que todas las acciones anunciadas se concreten, el impacto sería significativo incluso si solo dos o tres de ellas se implementan.

En primer lugar, las deportaciones masivas que Trump planea ejecutar, especialmente a aquellos migrantes que hayan cometido delitos, representan una amenaza directa para Honduras. 

Entre 2021 y 2024, más de 875,000 hondureños fueron detenidos en la frontera sur de EE. UU. y el 10% de esa cifra, si se concreta, implicaría 120,000 deportaciones solo en el primer año.

 Este flujo de personas podría afectar enormemente la estabilidad social y económica del país.

 Además, la posible cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los 55,000 hondureños que actualmente se benefician de este programa dejaría a miles en una situación vulnerable, con el riesgo de ser deportados de manera masiva.

A la par de las deportaciones, la reducción de las remesas, que constituyen el 26% del PIB de Honduras, podría agravar aún más la crisis. En 2023, más de 2.7 millones de hondureños recibieron remesas de EE. UU., lo que representa una fuente crucial de ingresos para las familias. 

Si la deportación masiva y la incertidumbre en torno al empleo en EE. UU. llevan a una disminución de estas remesas, se estima que podrían reducirse hasta en un 20%, lo que afectaría directamente el consumo, la salud y la educación en el país. Este fenómeno también podría generar un aumento en la pobreza y el desempleo en el corto plazo.

Por otro lado, el impacto en el comercio y la economía de Honduras podría ser devastador si Trump decide imponer aranceles, similar a los que ha anunciado para México y Canadá. 

El 51% de las exportaciones de Honduras se destinan a EE. UU., y un aumento en los aranceles afectaría gravemente a sectores clave como la maquila y el café. 

De concretarse esta medida, la economía del país podría enfrentar un retroceso significativo, generando más incertidumbre y desconfianza en el entorno empresarial.

Además, el recorte de la ayuda internacional, como los programas de USAID que financian proyectos de salud, agricultura, democracia y justicia, podría profundizar la crisis social y política en el país. 

La falta de apoyo en áreas claves como la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado también podría tener un efecto negativo en la seguridad y el bienestar de los hondureños.

En este contexto, el gobierno de Honduras se encuentra en una situación delicada.

 Hasta ahora, no ha presentado un plan claro para mitigar los efectos de las políticas de Trump, más allá de algunas amenazas como la posible cancelación de la base militar estadounidense en Palmerola. 

Ante esta inacción, la sociedad civil, incluidos sectores como iglesias, ONG y empresarios, deberá tomar la iniciativa para formular propuestas concretas que fortalezcan la capacidad de respuesta del país ante las decisiones de la nueva administración de EE. UU.

En resumen, Honduras se enfrenta a un panorama incierto y desafiante debido a las políticas anunciadas por Trump. Si bien algunas de estas medidas podrían tener un impacto positivo en ciertos sectores, como la deportación de delincuentes y el fortalecimiento de la economía con la llegada de deportados con nuevos conocimientos, los riesgos de un aumento en el desempleo, el crimen y la pobreza son inminentes. Ante esta situación, es imperativo que el gobierno hondureño trabaje en conjunto con la sociedad civil para desarrollar estrategias que minimicen los efectos negativos de estas decisiones y aseguren el bienestar de los hondureños en los próximos años.