Repartir cascos no evitará accidentes advierte Juan Carlos Rodríguez

La presidenta Xiomara Castro anunció este lunes, a través de sus redes sociales, una nueva disposición orientada a reducir los accidentes graves en motocicletas, uno de los medios de transporte más comunes entre la población hondureña.

En su publicación, la mandataria expresó que queda prohibida la circulación de motocicletas que no cuenten con los accesorios e implementos de seguridad exigidos por la ley, y para ello destinará de forma inmediata 50 millones de lempiras, a través de COPECO y en coordinación con la Secretaría de Seguridad. El objetivo es apoyar a personas de escasos recursos en la adquisición e instalación de dichos implementos, como cascos, luces, espejos retrovisores, entre otros. Esta medida será reglamentada en un plazo de 72 horas.

El anuncio ha generado diversas reacciones, tanto positivas como críticas. Uno de los más duros señalamientos provino de Juan Carlos Rodríguez, representante de la Coalición Patriótica, quien expresó:

"Qué lástima, este gobierno solo piensa en cómo gastar y regalar, pero todo gobierno inteligente y responsable crea una política pública para evitar accidentes en motos. Así como lo plantean, solo repartirán cascos, pero seguirán los accidentes por no poner orden vial a las motos".

Rodríguez también cuestionó la falta de una estrategia integral para abordar el creciente desorden vial:

"En lugar de evitar accidentes mediante acciones contundentes y políticas públicas verdaderas e inteligentes, este gobierno solo busca soluciones fugaces e incompletas. Estas medidas darán algo de seguridad, pero no evitarán accidentes. ¿Cuándo lo entenderá esta gente?"

La propuesta del Ejecutivo surge en medio de un aumento alarmante de accidentes de tránsito que involucran motocicletas, muchos de ellos con consecuencias fatales, especialmente en zonas urbanas y rurales del país.

Mientras algunos ciudadanos aplauden la intención de apoyar económicamente a los motociclistas de bajos recursos, otros exigen reformas estructurales en la legislación, mayor control en la circulación, educación vial, y un ordenamiento real del transporte en dos ruedas.