La extorsión continúa asfixiando al sector transporte en el país, según denunció Mario Flores.

Durante los últimos 12 meses, las empresas han estado obligadas a pagar cuotas que ahora incluyen incluso el aguinaldo, una carga que consideran insostenible.

Además, Flores destacó que las leyes diseñadas para combatir este delito, como las que permiten allanamientos por parte de las autoridades policiales, no han dado los resultados esperados.

 “La situación es crítica. Muchas empresas y microempresas han cerrado, incluidas grandes compañías de buses, porque prefieren vender sus unidades antes que seguir pagando extorsión”, comentó.

Por otra parte, las cifras respaldan esta realidad: cámaras de comercio informan que cerca de 30,000 empresas, en su mayoría micro y pequeñas, han cesado operaciones por la presión de los extorsionadores.

 Esta problemática no solo afecta a los transportistas, sino también a las familias que dependen económicamente del sector.

Asimismo, el panorama se extiende más allá del transporte. Los emprendedores de pequeñas colonias enfrentan tarifas de extorsión asignadas según el tamaño de sus negocios. 

Los extorsionadores llegan con un celular en mano, estableciendo montos arbitrarios que hacen imposible el progreso.

Finalmente, la falta de resultados efectivos por parte de la policía agrava el problema. No hay negocio que prospere bajo estas condiciones, y tampoco hay colonia que se salve de este flagelo.

Como consecuencia, la extorsión también impulsa la migración. “Muchos jóvenes y emprendedores prefieren abandonar el país y aceptar trabajos mal pagados en el extranjero antes que vivir con el temor constante de ser asesinados por no pagar las cuotas exigidas”, concluyó.