Mario Flores Ponce, analista político, expresó en su reciente editorial que la ausencia de una postura clara del gobierno sobre los extraditables está creando un clima de impunidad en Honduras. Esta situación genera inquietud entre los ciudadanos, quienes esperan acciones decisivas por parte de las autoridades.

En este sentido, Flores destacó la respuesta del ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, quien afirmó "no tengo ni idea" al ser consultado sobre el futuro de las extradiciones. Este comentario revela una preocupante falta de dirección en un tema tan delicado y crucial para el país.

Además, el ministro aseguró que la situación no está cerrada y que las personas involucradas en el proceso están a la espera de decisiones gubernamentales. Sin embargo, esta falta de claridad no convence a muchos ciudadanos, que demandan mayor transparencia.

Por otro lado, Flores resaltó las declaraciones de la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu. Ella instó a las autoridades a replantear su enfoque sobre las extradiciones, enfatizando la importancia de fortalecer la cooperación entre ambos países para combatir el crimen organizado. Dogu subrayó que este es un asunto crucial que no debe ser ignorado.

De igual manera, el diputado Jorge Cálix mostró su disposición a apoyar una reforma tributaria que obligue a los sectores más ricos a pagar más impuestos, siempre que se reactive el proceso de extradición. Cálix enfatizó que la extradición es una herramienta esencial en la lucha contra la corrupción y el crimen en Honduras, instando al gobierno a tomar medidas concretas.

Mientras tanto, Ponce señaló que, según fuentes, los extraditables en el país permanecen tranquilos y continúan invirtiendo en bienes raíces. Estos individuos se muestran confiados en que, mientras no haya extradiciones, podrán "arreglar" sus problemas dentro de Honduras.

Finalmente, Flores advirtió que la impunidad sigue siendo un tema central en la discusión pública. Muchos ciudadanos ven esta situación como una prueba de que el sistema todavía favorece a quienes tienen los recursos para manipularlo, lo que plantea serias dudas sobre la justicia en el país.