Itsmania Platero: "Derogación de convenios migratorios es un golpe para las Iglesias"
El Gobierno de Honduras ha derogado todos los convenios migratorios con las iglesias del país, una medida que defensores de derechos humanos consideran un claro golpe a la Iglesia. Itsmania Platero, defensora de los derechos de los migrantes, explicó que desde el momento en que estos convenios fueron derogados, quedan sin valor legal, dejando a pastores, voluntarios y sacerdotes en un estatus de ilegalidad en el país.
Platero señaló que la derogación afecta a misiones como la de los mormones, quienes ingresan periódicamente al país. "La ley ahora exige un permiso legal para los voluntarios que ingresan al país. Esto impacta significativamente las operaciones de ayuda y misiones sociales que antes se facilitaban mediante estos convenios," indicó Platero.
El gobierno, liderado por Xiomara Zelaya, aprobó el Acuerdo 158-2024 a través de la Secretaría de Gobernación y Justicia el 21 de febrero de 2024, publicándolo el 30 de mayo en La Gaceta. Este acuerdo deroga los "convenios de facilitación migratoria" con la Iglesia Católica, la Confraternidad Evangélica de Honduras, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (mormones) y la Misión Adventista.
El Acuerdo 158-2024 especifica que el convenio con la Iglesia Católica fue aprobado el 25 de octubre de 2005, el de la Confraternidad Evangélica el 31 de marzo de 2011, y los convenios con la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y la Misión Adventista el 7 de septiembre de 2011. Estos acuerdos facilitaban la entrada de sacerdotes, pastores y voluntarios para misiones de acción social.
A partir de ahora, será el Instituto Nacional de Migración (INM) quien resolverá y aprobará los convenios con asociaciones debidamente registradas en el país. Según el nuevo marco, la entrada y permanencia de extranjeros no residentes vinculados a asociaciones religiosas dependerá de la política migratoria del INM.
Platero comparó esta medida con la situación en Nicaragua, destacando la preocupación por la restricción de la libertad religiosa y el impacto negativo en las misiones de ayuda social.
