El fin del tratado de extradición es retroceder en la lucha contra el narcotráfico, señala titular de UFERCO

A través de un mensaje en la red social X, el fiscal jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), Luis Javier Santos, lanzó una fuerte advertencia sobre las graves implicaciones del posible fin del Tratado de Extradición entre Honduras y Estados Unidos, vigente desde 1912. Santos calificó esta decisión como un "retroceso" en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción, avivando las críticas hacia la administración de la presidenta Xiomara Castro.

Santos resaltó que la extradición ha sido una herramienta clave para combatir la criminalidad organizada en Honduras. “Es una muestra de solidaridad y cooperación entre los pueblos”, afirmó, señalando que en la última década la colaboración con Estados Unidos ha desmantelado importantes redes criminales. Además, subrayó que los procesos judiciales en el extranjero han generado información clave en investigaciones locales como los "Casos Narcopolítica I y II", los cuales revelaron la conexión entre el Estado hondureño y el narcotráfico.

El fiscal también recordó que la cooperación internacional, facilitada por acuerdos como el Tratado de Extradición, ha permitido avanzar en casos que demostraron los vínculos entre el Estado y el narcotráfico, mencionando los logros alcanzados con el apoyo de la UFECIC-MACCIH. Sin estos acuerdos, según Santos, muchos avances en la persecución de estos delitos habrían sido imposibles.

Asimismo, advirtió que la posible cancelación del tratado representaría un golpe severo en la lucha contra las estructuras criminales en el país. “Poner fin al Tratado de Extradición entre Estados Unidos y Honduras es un retroceso”, reiteró Santos, dejando claro que esta medida afectaría gravemente la lucha contra la corrupción y el narcotráfico, dos de los principales desafíos que enfrenta el país.

Las declaraciones de Santos se suman a las voces de alerta de otras figuras del ámbito político y legal, quienes temen que la cancelación del tratado busque proteger a personas vinculadas a actividades ilícitas. Estas preocupaciones han aumentado tras la difusión de videos que señalan a familiares de la presidenta Castro en presuntas redes de narcotráfico.